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La democracia como negocio: Taddei, la corrupción electoral y la herencia neoliberal
Por Erick Gutiérrez | 29 de octubre de 2026
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de graves señalamientos de corrupción, puede terminar convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes para el futuro de nuestra democracia, pero no precisamente por la caída de una funcionaria, sino por la posibilidad de descubrir y desmantelar una estructura de intereses económicos que, durante décadas, habría encontrado en nuestras elecciones una extraordinaria fuente de enriquecimiento.
Porque detrás de este escándalo aparece una pregunta mucho más inquietante: ¿cuánto le ha costado a México esa vieja obsesión neoliberal de considerar que todo funciona mejor cuando se entrega a manos privadas? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto esa doctrina permitió poner en riesgo la integridad de nuestros procesos electorales?
Una red de corrupción que no nació con Taddei
Las investigaciones periodísticas revelan un entramado empresarial cuya dimensión rebasa ampliamente la administración de Guadalupe Taddei.
De acuerdo con una investigación publicada por El País el 29 de octubre de 2026, empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas habrían obtenido 853 millones de pesos mediante 21 licitaciones en las que compañías relacionadas entre sí aparentaban competir y, la misma investigación identifica contratos en 25 organismos electorales y un volumen total de contrataciones públicas que alcanzaría los 1,800 millones de pesos durante aproximadamente una década, pero hay que dimensionar lo que esto significa, porque si los señalamientos se comprueban, no estaríamos ante simples irregularidades administrativas ni ante funcionarios que ocasionalmente favorecieron a sus conocidos, sino que estaríamos frente a una estructura organizada para apropiarse de recursos públicos mediante mecanismos que aparentaban cumplir los procedimientos legales.
Una competencia ficticia, adjudicaciones cuestionables y relaciones personales entre contratistas y funcionarios son ingredientes demasiado conocidos en la historia de la corrupción mexicana, solo que la novedad es que esta vez el negocio se habría instalado en una actividad directamente relacionada con el funcionamiento de nuestra democracia.
Pero hay algo que resulta particularmente revelador, y es que las operaciones investigadas abarcan periodos anteriores a la llegada de Taddei a la presidencia del INE y, precisamente por eso, sería un error histórico y político reducir las investigaciones a su persona, porque si responsabilidad, si se acredita, deberá tener consecuencias, pero la corrupción estructural no desaparece cuando renuncia quien presuntamente participó en ella.
El neoliberalismo y el negocio de las elecciones
Durante décadas se nos repitió que el Estado era ineficiente por naturaleza y que la iniciativa privada constituía, casi por definición, la mejor alternativa y fue esa concepción la que permitió justificar la transferencia de múltiples actividades públicas a empresas particulares, incluso cuando existían instituciones estatales capaces de realizarlas.
Pero, en materia electoral, los datos obligan a cuestionar los resultados de esa lógica porque, según una investigación de Milenio, durante las elecciones de 2024, nueve empresas privadas concentraron contratos para producir boletas electorales locales en 19 estados, por al menos 723.7 millones de pesos y esa cantidad representó el 57.22% del presupuesto destinado a esos trabajos por los organismos electorales estatales, proceso en las que algunas contrataciones fueron adjudicaciones directas o concursos sin competencia efectiva pero, lo verdaderamente significativo es que existía una alternativa pública.
El INE había invitado a los organismos estatales a utilizar los servicios de Talleres Gráficos de México, una institución con experiencia en producción de documentos oficiales de alta seguridad, sin embargo, numerosos organismos prefirieron contratar empresas privadas.
¿Por qué?
¿Eran más económicas? ¿Ofrecían mejores condiciones técnicas? ¿Garantizaban mayor seguridad? ¿O simplemente resultaban más convenientes para determinados funcionarios y empresarios? Esas son preguntas que deben responderse mediante una revisión exhaustiva de los contratos.
No se trata de afirmar que toda contratación privada es corrupta, sino de cuestionar por qué se privilegió a particulares cuando existía una capacidad pública que, al menos en determinados procesos, podía atender las mismas necesidades, porque la eficiencia no puede convertirse en una consigna ideológica que dispense de demostrar resultados.
Talleres Gráficos de México: recuperar una capacidad estratégica
Esta es una cuestión que considero fundamental porque Talleres Gráficos de México no es una imprenta improvisada, se trata de una institución pública con una larga trayectoria y experiencia en la producción de documentación electoral.
En 2024 participó en la elaboración de más de 317 millones de boletas federales, bajo protocolos de seguridad y supervisión del INE y también produjo millones de documentos y materiales auxiliares por lo que existen razones para considerar que el Estado mexicano podría asumir directamente una proporción mucho mayor de la producción de materiales electorales.
No estoy proponiendo otorgar privilegios a una institución solamente porque pertenece al gobierno, propongo algo mucho más razonable, que si el Estado dispone de la capacidad técnica, productiva, económica y logística para realizar una función estratégica, contratarla con particulares debe estar respaldado por una justificación objetiva y transparente y, si esa capacidad resulta insuficiente, corresponde evaluar cuánto costaría ampliarla porque, después de todo, fortalecer la infraestructura pública también es una inversión en soberanía.
Ahora bien, sería ingenuo suponer que la corrupción desaparece automáticamente cuando una actividad regresa al sector público.
Los señalamientos sobre posibles contratos irregulares vinculados con Talleres Gráficos obligan a investigar también a esa institución, hay que auditarla, depurarla y establecer mecanismos estrictos de fiscalización, control de proveedores y rendición de cuentas porque no se trata de cambiar empresarios corruptos por funcionarios corruptos, sino de eliminar las condiciones que permiten el saqueo, independientemente de quién lo ejecute, porque el carácter público de Talleres Gráficos debe convertirse en una ventaja para su supervisión, no en un pretexto para proteger a sus administradores.
Cuando el negocio amenaza a la democracia
La gravedad del asunto no puede medirse exclusivamente por el dinero involucrado.
Las boletas, las actas, los documentos de seguridad y los materiales electorales son componentes esenciales de un proceso democrático y su producción requiere controles extraordinarios porque cualquier irregularidad puede afectar la confianza ciudadana, aunque debemos aclarar que, hasta ahora, los indicios conocidos no demuestran que esta presunta red haya alterado resultados electorales pero sería igualmente irresponsable minimizar el riesgo.
Porque si determinadas empresas lograron influir durante años en las contrataciones mediante relaciones personales, simulación de competencia o posibles conflictos de interés, resulta indispensable investigar si esas prácticas también pudieron comprometer la seguridad, calidad, trazabilidad o entrega oportuna de materiales electorales.
Y es que la corrupción en este sector no solamente amenaza al erario, también puede comprometer la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la voluntad popular y una democracia cuya administración queda subordinada a intereses particulares comienza a perder algo mucho más valioso que dinero: la confianza de sus ciudadanos.
Una investigación urgente, sin intocables ni excepciones
México no puede permitirse que este escándalo termine reducido a una renuncia, unos cuantos titulares periodísticos y expedientes que duerman durante años en los archivos.
El Órgano Interno de Control del INE informó sobre investigaciones que involucran a funcionarios, particulares y empresas y que también notificó 45 observaciones preliminares relacionadas con procedimientos de contratación.
La Auditoría Superior de la Federación investiga presuntas irregularidades y se han anticipado resultados en aproximadamente seis meses.
Pero mientras las investigaciones avanzan, deben adoptarse medidas inmediatas, tales como:
- Revisar los contratos vigentes y aquellos relacionados con las empresas señaladas.
- Investigar a los funcionarios que autorizaron adjudicaciones y a los beneficiarios reales de las compañías.
- Auditar integralmente Talleres Gráficos de México.
- Establecer mecanismos para detectar empresas relacionadas que aparentan competir.
- Evaluar la capacidad pública de producir los materiales electorales y fortalecerla donde resulte conveniente.
- Garantizar controles independientes y transparencia en las contrataciones rumbo a 2027.
Pero además, las investigaciones deben extenderse hacia administraciones anteriores, sin importar los partidos políticos involucrados porque la corrupción no adquiere legitimidad por haber comenzado hace veinte años ni deja de ser corrupción cuando cambia el color del gobierno.
La democracia no puede seguir siendo una caja registradora
El caso Taddei ofrece una oportunidad que México no debería desperdiciar, una oportunidad para revisar las consecuencias de una concepción económica que durante décadas presentó la participación privada como sinónimo automático de eficiencia y convirtió numerosas funciones públicas en oportunidades de negocio.
Pero tampoco necesitamos sustituir esa doctrina por otra fe ciega, necesitamos instituciones capaces, supervisión efectiva y decisiones que respondan al interés colectivo.
Así que si Talleres Gráficos de México puede producir los materiales electorales con calidad, seguridad y costos competitivos, debe ocupar un lugar central en esa tarea y si requiere inversión, modernización o una limpieza profunda, habrá que hacerlas, pero lo que no podemos aceptar es que la organización de nuestras elecciones siga ofreciendo oportunidades para el enriquecimient
o indebido de redes empresariales y funcionarios.
La investigación debe llegar hasta el fondo y debe hacerlo con suficiente rapidez para introducir medidas de protección antes de los comicios de 2027, porque una democracia no solamente está en peligro cuando alguien intenta robarse los votos, también lo está cuando alguien descubre que puede enriquecerse administrando los instrumentos con los que esos votos se emiten y se cuentan.
Y México no puede permitirse ninguno de los dos riesgos.
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Fuentes:
El País (29 de octubre de 2026). Investigación sobre la red de proveedores vinculados con los hermanos Hernández Casillas, sus contratos y presuntas licitaciones simuladas.
Milenio (1 de junio de 2024). Investigación sobre las contrataciones de imprentas privadas por organismos electorales estatales, sus montos y mecanismos de adjudicación.
Instituto Nacional Electoral (1 de marzo de 2024). Información oficial sobre la producción de boletas, documentación electoral y capacidades de Talleres Gráficos de México.
La Jornada (26 de octubre de 2026). Información sobre los expedientes de investigación abiertos por el Órgano Interno de Control del INE y los señalamientos relacionados con contrataciones.
El Informador (29 de octubre de 2026). Información sobre las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los plazos previstos para obtener resultados.
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