Guadalajara: dejaron pudrir el agua y ahora quieren privatizar la solución

Por Erick Gutiérrez | 10 de octubre de 2026

En Guadalajara, cientos de colonias llevan meses recibiendo agua sucia, maloliente y potencialmente peligrosa para la salud, pero no fue una catástrofe imprevisible, fue el inevitable desenlace de años de infraestructura deteriorada, inversiones postergadas y decisiones gubernamentales, más recientemente de Enrique Alfaro y Pablo Lemus, ambos de Movimiento Ciudadano y, mientras miles de familias padecen las consecuencias, el gobierno estatal propone entregar a particulares funciones esenciales de la infraestructura hidráulica.

Mi sospecha es tan grave como razonable, pues me parece que el abandono del sistema público terminó sirviendo a una estrategia de privatización, no hablo de sabotajes ni de tuberías destruidas clandestinamente, hablo de dejar de invertir lo indispensable, permitir que el deterioro avance y, cuando el servicio colapsa, presentar al empresario como salvador.

Y es que los hechos son elocuentes. Desde enero de 2026 se agravaron las denuncias por agua contaminada en más de 300 colonias metropolitanas, en octubre, Lemus reconoció la gravedad de la crisis y anunció restricciones que afectarían a cerca de un millón de personas porque el viejo sistema Chapala-Guadalajara había llegado a condiciones críticas.

Pero la historia comenzó mucho antes, con Alfaro y el compromiso incumplido

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando la Federación realizó inversiones multimillonarias en el sistema El Zapotillo para incrementar el abastecimiento de Guadalajara con el compromiso del gobierno estatal para construir infraestructura complementaria.

El 8 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó públicamente que Enrique Alfaro se había comprometido a construir un acueducto y que esa obra no se realizó, es decir que, mientras la Federación avanzaba en sus responsabilidades, el gobierno emecista dejó pendiente una infraestructura indispensable.

Así que la pregunta es inevitable: ¿por qué Alfaro no cumplió? ¿Por falta de dinero, incapacidad administrativa o porque encontró políticamente más conveniente invertir en otros proyectos?

No basta invocar restricciones presupuestarias porque los gobiernos siempre eligen prioridades y, evidentemente, durante años hubo recursos para eventos, espectáculos, proyectos urbanos y compromisos asociados al Mundial de Futbol, aunque claro que no sostengo que cancelar un festival hubiera financiado un acueducto completo sino que garantizar agua limpia debía ocupar el primer lugar, no aparecer como emergencia cuando la población ya estaba pagando las consecuencias.

Lemus: privatizar sin decir privatización

El 8 de octubre, Pablo Lemus presentó una propuesta para construir el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara mediante un contrato de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación, conocido como CMRO, con un costo estimado de 11 mil 992 millones de pesos.

El gobernador sostiene que no privatizará el agua porque la infraestructura seguirá perteneciendo al Estado, pero eso no es otra cosa que jugar con las palabras.

El propio Lemus explicó en julio que, bajo ese esquema, un particular construye, invierte y opera, mientras el gobierno le paga gradualmente durante plazos que pueden alcanzar entre 20 y 30 años, así que ¿porqué lo niega?

Privatizar no significa exclusivamente vender una presa o entregar escrituras sobre un acueducto, también significa transferir funciones públicas estratégicas a operadores privados que recibirán pagos del erario durante décadas, eso es privatización funcional, aunque jurídicamente se conserve la propiedad estatal.

Y aquí aparece la paradoja más indignante, porque durante años no se encontraron recursos suficientes para modernizar oportunamente el sistema público, pero ahora se propone comprometer presupuestos futuros para remunerar a empresas privadas.

Si ése era el desenlace buscado, la crisis habría cumplido una función política perfectamente reconocible y, si no lo era, la negligencia gubernamental terminó produciendo un resultado extraordinariamente conveniente para los negocios privados y eso difícilmente podemos catalogarlo como casualidad y, por eso, en ambos escenarios hay responsabilidades políticas que deben investigarse.

La conexión israelí: el agua como negocio y poder

Pero este asunto tiene una dimensión adicional que no debe ignorarse en la creciente relación entre instituciones mexicanas y organismos israelíes especializados en recursos hídricos.

El 27 de noviembre de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Conagua firmó con Mekorot, empresa estatal israelí del agua, un convenio de cooperación para la protección y remediación de acuíferos.

No fue un acuerdo reciente, nació durante el periodo de las grandes reformas neoliberales, cuando la ampliación de la participación empresarial en sectores estratégicos formaba parte de la agenda gubernamental.

Una década después, en marzo de 2023, el gobierno panista de Maru Campos, en Chihuahua, puso en marcha un programa de cooperación con MASHAV, agencia perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con vigencia hasta 2027.

Ahora, Mekorot y MASHAV son instituciones distintas, pero ambas pertenecen al entramado estatal israelí en el que una opera empresarialmente y la otra ejecuta cooperación internacional como parte de la política exterior de su gobierno.

¿Estamos ante esfuerzos independientes de cooperación o ante distintas vías para ampliar la influencia tecnológica, institucional y comercial de Israel en un sector estratégico mexicano? La coexistencia de estos mecanismos hace pertinente la pregunta, aunque todavía no demuestra una operación coordinada para eludir controles federales.

Tampoco existe, hasta ahora, documentación que identifique a Mekorot como participante del proyecto CMRO de Guadalajara y es, precisamente por eso, que deben transparentarse los convenios, proveedores y eventuales negociaciones.

El antecedente de Palestina

La preocupación adquiere otra dimensión cuando examinamos la actuación del Estado israelí en los territorios palestinos ocupados.

En agosto de 2025, Naciones Unidas documentó reducciones de entre 10 y 15% en el suministro proporcionado por Mekorot a comunidades de Jerusalén y Ramala, sin una explicación clara para la disminución, la red afectada abastecía a dos ciudades, diez localidades, cinco campos de refugiados y más de cuarenta aldeas.

En Gaza, la ONU documentó interrupciones del suministro, daños en infraestructura hidráulica y restricciones israelíes que dificultaban las reparaciones y en junio de 2025, sólo funcionaba el 40% de las instalaciones de producción de agua potable.

Estos antecedentes muestran hasta qué punto el control de la infraestructura hidráulica puede convertirse en un instrumento de poder territorial y político.

Esto no significa que Mekorot vaya a reproducir en México las condiciones palestinas, pero sí que sería irresponsable ignorar esos antecedentes al evaluar la relación con una empresa estatal extranjera vinculada a un sector tan sensible.

La soberanía hídrica no se agota en declarar que el agua pertenece a la nación, exige conservar la capacidad pública para administrarla, distribuirla, proteger sus datos estratégicos y garantizar su suministro sin subordinaciones tecnológicas, financieras u operativas.

El verdadero negocio de la crisis

Guadalajara enfrenta hoy una contradicción que retrata una forma de gobernar que ya hemos visto antes en el que el sistema público se deteriora, las autoridades reconocen inversiones insuficientes y la solución propuesta incorpora capital privado con pagos potencialmente prolongados durante décadas.

Mientras tanto, los antecedentes de cooperación con instituciones israelíes obligan a preguntarnos qué clase de autonomía tecnológica está construyendo México y quién podría controlar capacidades estratégicas en el futuro.

No afirmo que exista un pacto secreto entre Alfaro, Lemus y Mekorot, sino que hay una secuencia de omisiones, decisiones y proyectos que debe investigarse porque sus consecuencias pueden favorecer la privatización funcional y la dependencia extranjera.

Las autoridades tienen la obligación de explicar por qué no se construyó oportunamente la infraestructura comprometida, cuánto se dejó de invertir, quiénes podrían obtener los contratos y cuáles serán las obligaciones financieras del Estado.

Porque el agua no es una mercancía cualquiera, es un derecho humano, una condición de salud pública y un recurso estratégico para la soberanía nacional.

Si los gobiernos dejaron deteriorar lo público y ahora pretenden que la sociedad pague durante décadas para convertir su rescate en un negocio privado, no estamos frente a una simple solución financiera, estamos frente a una decisión política cuyas consecuencias pueden comprometer el patrimonio y la autonomía de generaciones enteras.

Fuentes

La Jornada, 9 de octubre de 2026 — Proyecto del acueducto sustituto, esquema CMRO y monto presupuestado.  La Jornada

La Jornada, 9 de octubre de 2026 — Declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el acueducto que Alfaro se comprometió a construir.  La Jornada 

Notisistema, 15 de julio de 2026 — Declaraciones de Lemus sobre inversión y operación privada a largo plazo.  Notisistema 

Conagua, 27 de noviembre de 2013 — Convenio oficial con Mekorot.  Gobierno de México 

Gobierno de Chihuahua, 21 de marzo de 2023 — Convenio con MASHAV y su vigencia.  Portal Gubernamental del Estado de Chihuahua

ONU-OCHA, agosto de 2025 — Reducciones en el suministro de Mekorot a comunidades palestinas.  West Bank - Question of Palestine 

ONU-OCHA, junio de 2025 — Deterioro de la infraestructura y crisis del agua en Gaza.  Occupied Palestine

Si consideras este contenido útil e interesante, puedes apoyar este esefuerzo informativo en el siguiente elnace:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=L5DP8M36D8EB2 

¡Muchas gracias!