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Maru Campos: de heroína del PAN a problema político. La CIA, Jáuregui y el silencio de sus aliados
Columna de opinión | Erick Gutiérrez | 23 de octubre de 2026
Primero la convirtieron en símbolo de resistencia contra la Cuarta Transformación, pero ahora parecen no saber qué hacer con ella, Maru Campos pasó de recibir el respaldo entusiasta de Felipe Calderón, Vicente Fox y la dirigencia del PAN a enfrentar una crisis que amenaza su futuro político y lo más grave es que, mientras sus aliados calculan el costo de defenderla, nadie ofrece una explicación convincente sobre cómo pudieron operar agentes de la CIA durante meses en Chihuahua.
La detención de César Jáuregui, exfiscal estatal y antiguo colaborador de la gobernadora, detonó una disputa dentro del panismo, alimentó versiones sobre un supuesto pacto con Claudia Sheinbaum y desató una gira mediática de Campos para intentar rescatar su imagen, pero, entre acusaciones, entrevistas y desmentidos, el verdadero escándalo corre el riesgo de quedar sepultado: la intervención irregular de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Del respaldo incondicional al incómodo silencio
El 30 de mayo, Vicente Fox y Felipe Calderón viajaron a Chihuahua para respaldar públicamente a Maru Campos y Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, también participó en aquel acto de solidaridad partidista en el que la gobernadora era presentada como una víctima de persecución política y una figura relevante para el futuro electoral de Acción Nacional.
Lo particularmente revelador es que el propio Jáuregui participó en las movilizaciones de apoyo y todos parecían formar parte de la misma causa, pero cinco meses después, el panorama cambió radicalmente.
La detención del exfiscal dividió lealtades y convirtió a Campos en una figura incómoda para grandes sectores de su propio partido, incluso la dirigencia nacional ha evitado otorgarle un respaldo tan contundente como el de mayo, aunque tampoco ha roto formalmente con ella, pero no confundamos prudencia con inocencia política, porque lo que observamos es un partido atrapado entre defender a una gobernadora cuestionada o reconocer que una parte de su aparato de seguridad permitió una intervención extranjera que sus propios dirigentes no han logrado explicar.
Cuando Campos era útil como símbolo de oposición, sobraban discursos, abrazos y fotografías, pero cuando el escándalo comenzó a comprometer las lealtades internas, llegaron los cálculos y ésa es la verdadera solidaridad del panismo, entusiasta mientras produce beneficios y extraordinariamente cautelosa cuando comienza a generar costos.
Una gira mediática para cambiar el centro de la discusión
Ante el deterioro de su posición, Campos emprendió una gira por medios de comunicación, comenzando con Carlos Loret de Mola en Latinus y continuando con Manuel López San Martín, Ciro Gómez Leyva y Azucena Uresti, en la que su propósito aparente fue desmentir que hubiera pactado con Sheinbaum la entrega de Jáuregui como chivo expiatorio.
La versión del supuesto acuerdo había sido difundida por Loret, sin que hasta ahora se conozcan pruebas públicas suficientes para sostenerla.
Y hay que hacer notar la curiosidad periodística de que quien contribuyó a instalar la sospecha terminó ofreciendo el espacio para que la propia gobernadora intentara desmontarla.
Campos relató detalles de su encuentro privado del 19 de septiembre con Sheinbaum, habló de gritos, reproches y agravios e insinuó que la presidenta alentaba la percepción de un pacto para debilitar al PAN rumbo a 2027, pero no presentó pruebas de esa supuesta operación.
Y es que esa es una estrategia políticamente conveniente al convertir una investigación sobre soberanía y seguridad nacional en un melodrama sobre traiciones personales y persecución electoral y así, la gobernadora pasa de tener que explicar las actividades de agentes extranjeros en su administración a presentarse como víctima de las intrigas de Morena y Loret, en vez de esclarecer los fundamentos de su hipótesis original, contribuye a mantener el supuesto pacto como eje del debate.
Sheinbaum responde y complica la defensa de Campos
La respuesta presidencial del 23 de octubre introdujo un elemento particularmente incómodo porque Sheinbaum reconoció que la reunión había sido tensa, pero negó cualquier negociación política para detener a Jáuregui, además de que aseguró que fue la propia gobernadora quien responsabilizó a su exfiscal de permitir la intervención estadounidense y mencionó supuestos actos de corrupción relacionados con casinos.
Campos rechazó haberlo acusado y sostuvo que las autoridades federales ya conocían esa información, pero su argumento no se sostiene porque el que la Federación dispusiera previamente de información no significa que Campos no pudiera haberla confirmado o ampliado durante aquella conversación ni tampoco demuestra que existiera un pacto.
Y pretender que una discusión acalorada descarta cualquier negociación resulta francamente insostenible porque los políticos pueden gritarse, abrazarse, negociar y volverse a enfrentar, así que la intensidad de una conversación no constituye prueba de su contenido.
Lo verdaderamente importante es que la Fiscalía de Chihuahua, institución del propio estado gobernado por Campos, inició actuaciones contra Jáuregui por presuntos delitos locales y por eso resulta tan endeble presentar el caso como una persecución exclusivamente federal.
La CIA llevaba meses en Chihuahua. ¿Nadie se enteró?
Éste es precisamente el punto que la ofensiva mediática no consigue resolver.
Durante la audiencia del 18 de octubre, el Ministerio Público estatal presentó registros de hospedaje, contratos de arrendamiento de vehículos y datos de geolocalización que sitúan a agentes estadounidenses en Chihuahua desde octubre de 2025 y esos registros incluyen desplazamientos y estancias en instalaciones vinculadas con la seguridad pública estatal, particularmente cerca de oficinas de Operaciones Estratégicas.
Así que estamos hablando de una presencia que se habría extendido durante aproximadamente seis meses antes del operativo de abril de 2026, tras el cual murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, no de una visita accidental ni de dos turistas extraviados en la Sierra Tarahumara.
La investigación deberá establecer quién autorizó las actividades, quién conocía su naturaleza y qué funcionarios participaron en ellas.
Jáuregui niega haber autorizado la intervención y cuestiona las pruebas presentadas contra él, mientras que Campos sostiene que desconocía lo sucedido y aquí surge una disyuntiva políticamente devastadora, porque si sabía, debe responder por sus decisiones y si no sabía, debe explicar cómo pudo mantenerse durante meses una relación operativa de semejante magnitud sin que los mecanismos de supervisión de su gobierno la detectaran.
No conocer un delito puede excluir determinadas responsabilidades penales, pero no elimina automáticamente la responsabilidad política por el funcionamiento de una administración.
A ello se suman los señalamientos formulados por la familia del militar estadounidense Richard Halliday, quien desapareció en 2020. La familia ha acusado a Campos de conocer relaciones irregulares con agencias extranjeras, aunque la Fiscalía estatal cuestiona los hechos en que se apoya esa versión, así que son acusaciones que requieren corroboración independiente y que no deben presentarse como hechos demostrados.
El PAN tiene un problema mucho más grande que Maru Campos
El conflicto entre Campos y Jáuregui también revela una contradicción del panismo porque sus dirigentes denuncian constantemente una supuesta falta de respeto al Estado de derecho por parte de Morena, pero cuando deben responder por una controversia relacionada con agentes extranjeros, su discusión pública gira alrededor de lealtades personales, candidaturas y posibles costos electorales y entonces ¿Dónde quedó la defensa de la soberanía nacional? ¿Dónde están las explicaciones de Fox, Calderón y Romero, que hace apenas unos meses aparecían hombro con hombro con Campos?
La presunción de inocencia de Jáuregui debe respetarse y la Fiscalía está obligada a demostrar sus imputaciones, pero defender sus garantías procesales no equivale a justificar la presencia irregular de agentes estadounidenses ni tampoco se puede exonerar políticamente a Campos sólo porque todavía no existan elementos para atribuirle responsabilidad penal directa.
El PAN tiene derecho a cuestionar la actuación de la FGR, lo que no puede hacer seriamente es convertir esas objeciones en una coartada para ignorar la dimensión internacional del escándalo.
Una limpieza de imagen que amenaza con convertirse en bumerán
Mi lectura es que la gira mediática de Campos resulta compatible con una operación de control de daños destinada a desplazar el foco de la investigación, recuperar la confianza de los panistas y presentarla como víctima de una conspiración electoral.
No podemos demostrar que ésa sea su intención personal, pero sí podemos evaluar sus efectos políticos y por ahora, ha conseguido multiplicar las entrevistas, las acusaciones y los desmentidos, pero no ha conseguido ofrecer una explicación suficientemente convincente sobre los mecanismos que permitieron la presencia prolongada de agentes de la CIA dentro del aparato estatal de seguridad y ése es el peligro que enfrenta.
Porque cuanto más responsabiliza a Jáuregui, más preguntas surgen sobre la cadena de mando, cuanto más acusa a Sheinbaum de conspirar, más evidente resulta la ausencia de pruebas de esa conspiración y cuanto más insiste en presentarse como víctima, más difícil le resulta explicar por qué su propio partido ha moderado ostensiblemente el respaldo que antes le prodigaba.
Maru Campos puede perder el apoyo del PAN, su proyección política y buena parte de su credibilidad, pero el problema más grave no es su futuro electoral, es la soberanía nacional, porque mientras la gobernadora intenta salvar su imagen, Loret alimenta sospechas sin sustento público suficiente y los dirigentes panistas calculan cómo evitar el costo del escándalo, sigue pendiente una pregunta que ninguno ha contestado satisfactoriamente:
¿Quién permitió que agentes de la CIA operaran durante meses en Chihuahua, bajo qué autoridad y con qué conocimiento de los responsables del gobierno estatal? Y la respuesta no está en los estudios de televisión, está en los expedientes, en la cadena de mando y en las responsabilidades que todavía deben esclarecerse.
Y ésas, por mucho que incomoden a Maru Campos y a sus antiguos defensores, no desaparecen con una gira de entrevistas.
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