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PAN: LA MENTIRA COMO ESTRATEGIA
Por Erick Gutiérrez
El PAN ha convertido la mentira en una herramienta recurrente para desacreditar al gobierno, a Morena y a la Cuarta Transformación, sus campañas deforman iniciativas, ocultan condiciones y anuncian amenazas que los documentos no contienen y después, sus dirigentes se presentan como defensores de una población a la que ellos mismos acaban de asustar, primero fabrican el incendio y luego piden el voto por cargar el extintor.
La conclusión se sostiene en casos concretos: la iniciativa de doble nacionalidad, la llamada “Ley Antimemes”, vivienda, Afores, herencias, libros de texto y acusaciones contra Morena y la reiteración, la participación de dirigentes y la difusión en canales oficiales permiten identificar un método partidista en el que la mercancía es el miedo y la falsedad, el empaque.
En la doble nacionalidad, de un requisito saltan a un supuesto despojo de derechos.
La reforma aprobada por ambas cámaras establece nacionalidad única para aspirar a la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar el registro, pero condiciona el acceso solo a esos cargos, no elimina la doble nacionalidad de la población ni cancela sus derechos políticos en general.
La senadora panista Laura Esquivel Torres sostuvo el 29 de septiembre que Morena buscaba quitarles “todos sus derechos” a los migrantes, pero más adelante reconoció que el derecho al voto permanecía intacto, así que recurrió a otra iniciativa, distinta del dictamen debatido, para extender la acusación a senadurías, diputaciones y alcaldías.
Su propio discurso exhibe la maniobra al anunciar un despojo general, admitir una excepción que desmiente esa generalidad y mezclar proyectos diferentes para agrandar la amenaza. Puede discutirse el requisito, pero presentarlo como la cancelación de los derechos de los migrantes exige torcer su alcance.
Con la “Ley Antimemes”, borran las condiciones del delito para vender censura.
Lilly Téllez afirmó el 30 de septiembre que Morena criminalizaba la risa y penalizaba la sátira, pero el texto aprobado por el Senado exige uso de identidad oficial a escala comercial, intención de engañar y finalidad vinculada con cometer un ilícito y una caricatura o una parodia no reúne, por sí misma, esos elementos.
Debatir sus posibles ambigüedades es legítimo, pero asegurar que castiga la burla al gobierno convierte una advertencia en un hecho inexistente y Téllez borró las condiciones del delito y las sustituyó por una escena de persecución a humoristas.
El nombre “Ley Antimemes” hace el trabajo propagandístico antes de que el lector conozca el contenido y así, una reforma contra usos fraudulentos de identidad oficial termina anunciada como una mordaza.
Al cierre de esta columna, el proyecto había pasado del Senado a Diputados: todavía no era una ley vigente.
En Vivienda y Afores, convirtieron información y transferencias en despojo.
En marzo de 2025, el PAN capitalino lanzó una campaña permanente de volanteo para denunciar que Morena quería quitarle la casa a la gente, solo que la modificación fiscal cuestionada exigía una declaración informativa sobre inmuebles, pero esa declaración no transfería la propiedad ni modificaba los derechos sobre ellos.
El comunicado oficial del partido anunció la movilización de su militancia, por lo que usaron organización, recursos y continuidad alrededor de una tergiversación en la que la obligación catastral fue convertida en amenaza patrimonial para producir indignación contra el gobierno.
Con las Afores, en abril de 2024, Julen Rementería habló de confiscación y saqueo en una transferencia al Fondo de Pensiones para el Bienestar comprendía determinados recursos de cuentas inactivas de personas de 70 años en el régimen del IMSS y 75 en el del ISSSTE, pero omitió señalar que el derecho a reclamarlos permanecía, con una reserva prevista para atender devoluciones.
La transferencia sin consentimiento y la suficiencia del fondo admiten discusión, lo engañoso fue anunciar una pérdida definitiva del ahorro mientras se omitían las garantías para recuperarlo y, con esto, el PAN convirtió otra vez, una controversia sobre administración de recursos en una acusación de robo.
Fuentes: declaraciones de Rementería, información del IMSS y mecanismo de devolución documentado por CONSAR.
En los temas de Herencias y libros de texto, omitieron límites e inventaron consecuencias.
En marzo de 2025, Diego Garrido presentó una iniciativa como un impuesto por morir, pero el proyecto, presentado por Víctor Varela, del Partido Verde, establecía una exención para herencias inferiores a 15 millones de pesos, aunque el promovente después reconoció un error en el umbral y afirmó que pretendía elevarlo a 1,500 millones y por supuesto que ese desaseo merecía crítica, pero tampoco convertía la propuesta en un cobro universal por fallecer.
La tergiversación consistió en borrar el límite y atribuir a Morena una amenaza general contra el patrimonio familiar, nuevamente el análisis del texto fue sustituido por una consigna diseñada para alarmar.
En agosto de 2023, Marko Cortés acusó al gobierno de desechar las matemáticas y las ciencias, pero el nuevo currículo reorganizó esos contenidos en campos formativos y el acuerdo oficial de evaluación mantiene expresamente Matemáticas, Biología, Física y Química dentro de “Saberes y Pensamiento Científico”.
Los errores de los materiales, la metodología y la profundidad de los contenidos podían cuestionarse, pero el PAN presentó una reorganización curricular como si fuera una eliminación del conocimiento, el salto servía para desacreditar la política educativa sin explicarla.
Acusar a Morena de “narcopartido”: la calumnia también tiene expediente.
Las acusaciones contra Morena ofrecen un caso todavía más contundente. El 20 de noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución que sancionó a Xóchitl Gálvez por calumnia, derivada de expresiones del segundo debate presidencial y publicaciones en redes sociales y el expediente SUP-REP-1170/2024 recoge que esas frases atribuían hechos o delitos sin sustento probatorio, así como también quedó acreditada la falta al deber de cuidado de los partidos que la postularon, incluido el PAN.
Investigar vínculos criminales y exigir responsabilidades es indispensable, pero utilizar acusaciones no acreditadas para condenar a una organización entera degrada ese escrutinio y convierte la seguridad pública en munición electoral.
La credibilidad del PAN debe pasar por las pruebas.
Y la disputa sobre programas sociales exige el mismo rigor y contrastar declaraciones con iniciativas, reservas, votaciones y recursos, una consigna de apoyo no sustituye la revisión de la actuación legislativa, porque los derechos sociales necesitan presupuesto, además de discursos.
Los casos examinados permiten sostener que el PAN utiliza la desinformación como estrategia de oposición, se repiten la deformación del texto, la omisión de sus límites y la atribución de una intención perjudicial al oficialismo, porque el resultado buscado es el descrédito, acompañado de miedo y respaldo electoral.
[01/10/2026 06:00 p. m.] Erick Gutierrez: Por eso, la desconfianza hacia el PAN está justificada y la validez de cada nueva acusación depende de sus pruebas, porque un partido que ha difundido estas tergiversaciones ha comprometido su credibilidad y por eso, sus comunicados requieren verificación antes de compartirse, por mucho que invoquen libertad, democracia o defensa de la ciudadanía.
El PAN tiene derecho a disputar el poder, pero cada campaña de engaño deteriora su autoridad para reclamar confianza.
Defender a la población exige informarla con honestidad, pero fabricar enemigos imaginarios para después ofrecerse como salvador es tratarla como clientela de una estafa política.
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