El PRI sí sabe gobernar: represión, masacres y una memoria que Alito quiere borrar

Por Erick Gutiérrez

Alejandro Moreno proclama que “el PRI sí sabe gobernar” y ofrece como prueba las obras construidas durante su hegemonía, pero eso es muy conveniente porque reclama las carreteras, pero extravía las fosas, presume hospitales, pero olvida a los médicos reprimidos, se adjudica las universidades, pero borra a los estudiantes asesinados, porque su contabilidad histórica tiene la peculiaridad de que suma el concreto y desaparece la sangre.

El PRI quiere cobrar otra vez por obras pagadas con recursos públicos, construidas por trabajadores mexicanos y sostenidas con el esfuerzo de generaciones, pero Gobernarlas no convirtió al partido en su propietario y exhibirlas tampoco le concede una absolución por haber utilizado el Estado para perseguir al pueblo.

Si Alito pretende heredar los méritos de sus antecesores, tendrá que cargar también con su expediente, porque la historia no es un catálogo de inauguraciones recortado por el departamento de propaganda.

La hegemonía del PRI: elecciones bajo control y oposición perseguida.

La maquinaria nació como PNR en 1929, se convirtió en PRM en 1938 y adoptó el nombre de PRI en 1946. Aunque no fue siempre la única opción electoral, sí fue el partido que controló durante décadas las condiciones de la competencia en la que el gobierno organizaba los comicios, administraba buena parte del acceso al poder y confundía recursos públicos, burocracia y aparato partidista. 

La diferencia importa porque ganar con árbitro propio, clientelas sometidas y opositores perseguidos no demuestra superioridad democrática, demuestra dominio del tablero.

En 1976, José López Portillo fue el único candidato presidencial registrado porque Valentín Campa contendió sin registro, así que, antes de que el partido presuma sus victorias, convendría recordar que durante muchos años Gobernación encabezó la organización electoral y el Ejecutivo salió del órgano electoral hasta la reforma de 1996, pero la crisis de 1988, con la “caída del sistema”, exhibió otra vez la podredumbre del régimen.

Esa construcción autoritaria tuvo víctimas desde sus primeros años con la persecución del vasconcelismo y las ejecuciones de Topilejo, en 1930, que forman parte de sus antecedentes, y también la represión de obreros y campesinos en Mérida en 1936 y la violencia de las elecciones de 1940, así que, reconocer las conquistas sociales del cardenismo no obliga a borrar esos episodios. 

En León, el 2 de enero de 1946, fuerzas militares dispararon contra ciudadanos que defendían el resultado de una elección municipal frente a la imposición del candidato del PRM, la continuidad partidista tiene ahí otro monumento uña no precisamente uno que Alito quiera fotografiar. 

Trabajadores y campesinos: derechos respondidos con violencia.

Bajo Miguel Alemán, la Caravana del Hambre de los mineros de Nueva Rosita encontró cerco policial y represión en 1951 y, en 1952, los seguidores de Miguel Henríquez Guzmán que denunciaban fraude electoral fueron atacados en la Alameda y ahí hubo muertos, heridos y detenidos y el saldo completo continúa sin esclarecerse.

Después vinieron los ataques al Politécnico en 1956 y la represión contra el movimiento magisterial de Othón Salazar en 1958, los maestros reclamaban salarios dignos y democracia sindical y el régimen contestó con policías.

En 1959, el gobierno de Adolfo López Mateos desmanteló la huelga ferrocarrilera mediante despidos, ocupaciones y encarcelamientos, Demetrio Vallejo y Valentín Campa pasaron aproximadamente once años presos porque el delito de “disolución social” daba apariencia legal a la persecución política, y es que, para ese Estado, organizar trabajadores podía resultar más peligroso que abusar de ellos.

El 30 de diciembre de 1960, militares dispararon contra quienes protestaban en Chilpancingo por el gobierno de Raúl Caballero Aburto, la CNDH registra 18 civiles muertos y, en 1961, la represión del navismo en San Luis Potosí incluyó disparos, encarcelamientos y un ataque al periódico Tribuna. 

El 23 de mayo de 1962, Rubén Jaramillo, su esposa embarazada, Epifania, y sus tres hijos fueron sacados de su casa por militares y policías y asesinados cerca de Xochicalco, esa familia también pertenece al balance del gobierno que Alito presume. 

La represión del movimiento médico de 1964–1965 añadió despidos, persecución y ocupaciones de hospitales y, en Michoacán y Sonora, el Ejército intervino contra movimientos universitarios en 1966 y 1967. 

Guerrero concentra otras páginas del horror en la matanza de Atoyac del 18 de mayo de 1967 y la masacre de copreros en Acapulco del 20 de agosto y en Atoyac, la violencia policial contribuyó al paso de Lucio Cabañas a la clandestinidad, así que antes de presentar toda insurgencia como una amenaza inexplicable, hay que recordar cómo el régimen cerraba las vías de protesta.

Tlatelolco, Halconazo y Guerra Sucia: el Estado contra la disidencia.

Gustavo Díaz Ordaz llevó esa lógica a una de sus expresiones más atroces. En septiembre de 1968, el Ejército ocupó Ciudad Universitaria. El 2 de octubre, el Ejército y el Batallón Olimpia participaron en la masacre de Tlatelolco y el número completo de muertos sigue sin esclarecerse, pero esa responsabilidad estatal está documentada.

Luis Echeverría ofreció después una supuesta apertura, pero el 10 de junio de 1971, Los Halcones atacaron una marcha estudiantil con un grupo paramilitar organizado y financiado por el Estado. El discurso podía cambiar, pero la capacidad de asesinar disidentes permanecía.

La Guerra Sucia no fue una sucesión de funcionarios que accidentalmente perdieron el control, las investigaciones documentan detenciones ilegales, torturas, desapariciones y ejecuciones durante una política sostenida de violencia estatal. El informe Fue el Estado, sobre 1965–1990, incluye un listado de 4,482 víctimas identificadas por nombre de distintas violaciones graves.

La Brigada Blanca, creada en 1976, reunió 240 integrantes del Ejército, la DFS, procuradurías y policías y operó desde el Campo Militar Número 1 y ahí nacieron los vuelos de la muerte que, desde Pie de la Cuesta, convirtieron el mar en instrumento para ocultar cuerpos. Rosendo Radilla, detenido por militares en 1974, representa una de esas desapariciones y su caso terminó en una condena internacional contra México.

La existencia de guerrillas no autorizaba al gobierno a torturar detenidos, desaparecer personas o castigar comunidades, el régimen violó derechos que tenía la obligación de garantizar y, mientras proclamaba soberanía, parte de su cúpula mantenía vínculos secretos con Washington, los documentos desclasificados sobre LITEMPO acreditan la relación de Díaz Ordaz y Echeverría con la CIA, aunque no prueban por sí solos que la agencia ordenara Tlatelolco, sí documentan una colaboración clandestina con el aparato estadounidense mientras la izquierda mexicana era perseguida, porque el nacionalismo oficial tenía una puerta de servicio para el imperio.

Censura, asesinatos y encubrimiento: también eso gobernó el PRI.

Pero la violencia no se limitó a estudiantes y guerrilleros, en 1975, el desalojo de campesinos en San Ignacio Río Muerto terminó en una matanza y, en 1976, la intervención contra Excélsior expulsó a Julio Scherer y su equipo por un periodismo que incomodaba a Echeverría. 

El control de la prensa también funcionó mediante presiones económicas, suministro y crédito de papel, distribución, propaganda y pagos a periodistas, así que la censura podía llegar con uniforme o con factura.

En 1984 fue asesinado Manuel Buendía por el que José Antonio Zorrilla Pérez, entonces director de la DFS, fue condenado por el crimen y así, la policía política aparece aquí como parte del aparato que asesinó a un periodista, no como una abstracción ideológica. 

Y con Ernesto Zedillo llegaron Aguas Blancas, Acteal y El Charco. En Aguas Blancas, policías de Guerrero asesinaron a 17 campesinos en 1995 y la Suprema Corte identificó graves violaciones y responsabilidades de altos funcionarios, incluido Rubén Figueroa Alcocer, mientras que en Acteal, 45 indígenas fueron asesinados en 1997 y el Estado reconoció posteriormente responsabilidad por acción y omisión y en El Charco, una operación militar dejó 11 muertos en 1998.

En febrero de 2000, la Policía Federal Preventiva entró a la UNAM y detuvo a centenares de huelguistas y así cerró el PRI su primera etapa ininterrumpida en la Presidencia.

Peña Nieto y los gobiernos estatales: la violencia no era una reliquia.

Pero la alternancia no desmontó todos los aparatos locales. Atenco, en 2006, ocurrió bajo la gubernatura de Enrique Peña Nieto y la presidencia panista de Vicente Fox y ahí, la Corte Interamericana acreditó tortura sexual contra once mujeres y en Oaxaca, la represión bajo Ulises Ruiz produjo graves violaciones documentadas por la CNDH y la Suprema Corte, con participación también de autoridades federales.

Allende, Coahuila, en 2011, mostró colaboración policial con Los Zetas, Tierra Blanca, Veracruz, en 2016, documentó la participación de policías estatales en la detención, tortura, desaparición y ejecución de cinco jóvenes bajo Javier Duarte, aunque no todos estos hechos fueron órdenes presidenciales ni todas las autoridades eran priistas, la responsabilidad de los gobiernos y cuerpos involucrados debe precisarse porque hacerlo fortalece la acusación.

El regreso del PRI a Los Pinos añadió Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y Nochixtlán. En Tlatlaya, la CNDH acreditó entre 12 y 15 ejecuciones arbitrarias dentro de un saldo de 22 muertos, en Tanhuato acreditó 22 ejecuciones arbitrarias, en Apatzingán documentó una ejecución extrajudicial y otras cinco muertes por uso excesivo de la fuerza y en Nochixtlán estableció graves violaciones durante operativos policiales. 

Ayotzinapa añadió a la desaparición de 43 estudiantes una investigación federal desacreditada en la que la ONU-DH encontró fuertes elementos de tortura contra al menos 34 detenidos y la llamada “verdad histórica” pretendió clausurar la búsqueda mediante una explicación que investigaciones independientes desmontaron.

Durante el sexenio de Peña Nieto, ARTICLE 19 registra 47 periodistas asesinados en posible relación con su trabajo y, aunque eso no significa que todos los crímenes fueran ordenados por el gobierno, sí revela la gravedad de la violencia y el fracaso de la protección estatal y luego, las investigaciones técnicas sobre Pegasus documentaron además ataques contra periodistas, defensores y especialistas que investigaban Ayotzinapa.

Las obras públicas no absuelven los crímenes del régimen.

El PRI sí tuvo experiencia de gobierno, pero también tuvo experiencia en someter sindicatos, controlar elecciones, perseguir opositores, censurar medios y fabricar versiones para ocultar atrocidades.

Alejandro Moreno quiere que el país recuerde inauguraciones y olvide funerales, quiere apropiarse de instituciones construidas con dinero público y declarar ajenos los aparatos represivos que funcionaron bajo sus gobiernos, pero esa operación es una falsificación política de la memoria.

Ninguna carretera compensa una desaparición, ningún hospital absuelve una tortura, ninguna escuela limpia el asesinato de sus estudiantes, porque el ejercicio del poder se juzga también por el trato a quienes protestan, trabajan, investigan y disienten.

Alito presume que el PRI sabe gobernar, pero el pueblo tiene derecho a devolverle el expediente y la realidad es que gobernaron, reprimieron y ahora pretenden cobrar como mérito lo que México construyó a pesar de sus abusos y por eso, mientras Alito exhibe las obras, nosotros recordaremos a las víctimas.