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Guadalajara: dejaron pudrir el agua y ahora quieren cobrar 48 mil millones por el remedio
Por Erick Gutiérrez | 11 de octubre de 2026
En Guadalajara, el agua sale contaminada de las llaves, los ciudadanos denuncian enfermedades y el gobierno de Pablo Lemus pretende comprometer hasta 48 mil 296 millones de pesos durante 25 años para que particulares construyan, mantengan y operen un nuevo acueducto, pero la coincidencia entre el deterioro del sistema público y la aparición de una solución empresarial multimillonaria es demasiado evidente como para despacharla como una simple emergencia administrativa.
Mientras miles de familias padecen las consecuencias, Lemus intenta trasladar a la Federación parte de la responsabilidad por una crisis incubada durante décadas y agravada bajo gobiernos estatales que conocían las deficiencias de la infraestructura hidráulica y es por eso que este domingo 11 de octubre, ciudadanos de Guadalajara salieron a las calles para exigir agua limpia y su protesta llega cuando el gobernador pretende convertir una necesidad pública impostergable en un compromiso financiero que alcanzaría a varias generaciones.
El negocio de los 48 mil millones
Ayer publiqué una columna en la que advertí sobre la posibilidad de que el abandono del sistema hidráulico hubiera terminado facilitando una privatización funcional y hoy, la información difundida por la diputada federal Mery Gómez Pozos permite examinar con mayor precisión la dimensión económica de esa posibilidad.
El proyecto del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara contempla una inversión inicial de 11 mil 921 millones de pesos, sin IVA, sin embargo, las obligaciones acumuladas que aparecen en los documentos presentados al Congreso alcanzan 39 mil 688 millones en un escenario de 20 años y 48 mil 296 millones en uno de 25 años.
Pero la investigación publicada por El Diario NTR ofrece detalles todavía más reveladores pues, en el escenario de 25 años, más de 18 mil millones corresponderían a costos del financiamiento contratado por el particular, unos 16 mil 477 millones a recuperación de capital y aproximadamente 13 mil 502 millones a mantenimiento y operación, es decir que no estamos discutiendo solamente cuánto cuesta construir un acueducto, estamos hablando de quién financiará la obra, bajo qué condiciones recuperará su inversión y cuánto terminarán pagando los contribuyentes.
Los pagos anuales iniciales superarían los 2 mil 300 millones de pesos y aquí aparece una contradicción que Lemus tiene la obligación de explicar porque durante años faltaron inversiones suficientes para mantener la infraestructura pública, pero ahora se propone garantizar pagos multimillonarios a un operador privado durante décadas.
¿En qué momento resultó imposible destinar recursos suficientes al sistema público, pero aceptable comprometer presupuestos futuros para remunerar a particulares?
Privatizar sin vender: el viejo recurso de cambiarle el nombre al negocio
Lemus insiste en que no pretende privatizar el agua porque el acueducto seguirá siendo propiedad estatal, sin embargo, el modelo propuesto se denomina CMRO, Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación.
La discusión, por tanto, no puede agotarse en quién conservará las escrituras de la infraestructura, también debe examinarse quién ejecutará las funciones operativas, durante cuánto tiempo, mediante qué garantías de pago y bajo qué mecanismos de supervisión.
En el neoliberalismo mexicano conocimos múltiples fórmulas de participación privada en servicios e infraestructura pública, algunas implicaron ventas de activos y otras recurrieron a concesiones, asociaciones y contratos prolongados y, aunque no todas son jurídicamente equivalentes, sí comparten una cuestión fundamental, que pueden transferir a particulares responsabilidades y flujos de ingresos vinculados a funciones públicas y por eso resulta pertinente hablar de una posible privatización funcional, incluso si la propiedad del acueducto continúa siendo estatal.
El gobierno asegura que mantendrá la rectoría pública, que no elevará las tarifas por este proyecto y que no contratará deuda directa, pero esas afirmaciones no sustituyen la publicación de las cláusulas contractuales ni una evaluación independiente de su costo porque un compromiso financiero de 48 mil millones no desaparece por utilizar una figura distinta del crédito público tradicional.
La crisis que llega después de años de abandono
El deterioro hidráulico de Guadalajara no comenzó ayer pues durante décadas, administraciones priistas dejaron acumular problemas estructurales y posteriormente, Enrique Alfaro gobernó Jalisco durante seis años y Pablo Lemus lo sucedió, ambos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.
La continuidad política importa porque las responsabilidades no empiezan cada vez que un nuevo gobernador protesta por lo que recibió.
Alfaro dejó pendiente infraestructura comprometida para aprovechar las obras federales de El Zapotillo y Lemus, antes de convertirse en gobernador, había presidido los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara. Ambos conocían la dimensión metropolitana del problema, así que la actual administración ha reconocido que el antiguo sistema Chapala-Guadalajara arrastra décadas de deterioro y que las inversiones de potabilización resultaron insuficientes y entonces ¿qué ocurrió durante todos esos años con los programas de mantenimiento, las previsiones presupuestales, la supervisión de descargas y la rehabilitación de la red?
Porque las consecuencias están a la vista con más de 300 colonias con reportes de agua turbia y maloliente, denuncias de padecimientos relacionados con su uso y restricciones de suministro anunciadas para enfrentar la crisis.
Una administración pública no puede medir su desempeño únicamente por las obras que anuncia cuando el problema ya alcanzó dimensiones sanitarias, también debe responder por lo que no previno.
CONAGUA no puede convertirse en la coartada
La controversia con CONAGUA exige una revisión particularmente rigurosa de las declaraciones de Pablo Lemus porque en abril, el gobernador aseguró que la dependencia federal había dado su visto bueno al proyecto del acueducto sustituto y en julio, afirmó que faltaba su validación técnica y cuestionó públicamente la falta de autorización y puede existir una diferencia administrativa entre un aval preliminar y una autorización definitiva, pero es precisamente por eso que es indispensable que el gobierno estatal exhiba ambos expedientes y explique sus alcances, pero el problema de fondo es otro.
La ausencia de una autorización federal definitiva no explica por qué el sistema público llegó al deterioro actual, ni justifica automáticamente el modelo financiero elegido por el gobierno estatal y además, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la disposición federal a colaborar en las soluciones y recordó que el gobierno anterior de Jalisco dejó pendiente una obra complementaria a El Zapotillo.
La responsabilidad federal de autorizar, supervisar y colaborar no elimina la responsabilidad estatal de planear, invertir y administrar y si Lemus quiere sostener que CONAGUA obstaculiza una solución, debe demostrar qué trámite está detenido, por qué causa, desde cuándo y qué consecuencias técnicas produce, pero sobre todo, explicar por qué ese conflicto administrativo debería justificar un compromiso de hasta 25 años con particulares.
Lo que Movimiento Ciudadano debe responder
En mi columna del sábado expuse una sospecha que hoy adquiere mayor relevancia política: ¿pudo el deterioro del sistema hídrico terminar formando parte de una estrategia que facilitara la participación empresarial en su reconstrucción?
El mecanismo tiene antecedentes históricos reconocibles, pues recordemos que, durante el periodo neoliberal, el deterioro de servicios públicos y los argumentos sobre falta de recursos fueron empleados para promover esquemas de privatización y concesión.
En Guadalajara observamos la misma secuencia de insuficiencia prolongada de inversiones, deterioro de infraestructura, crisis sanitaria y propuesta de financiamiento y operación privada mediante obligaciones a largo plazo.
Y esa secuencia permite formular una hipótesis política seria, aunque no acredita todavía una decisión deliberada de provocar la contaminación.
Pero tampoco corresponde dar por buena, sin examinarla, la explicación de que simplemente se trata de una sucesión de problemas heredados e inevitables.
Para esclarecerlo se necesita reconstruir quién decidió postergar inversiones, quién conoció las advertencias técnicas, qué opciones públicas se descartaron y cuándo comenzó realmente el diseño del esquema CMRO.
Si hubo una estrategia previa para favorecer a determinados operadores, deben conocerse sus responsables y si lo ocurrido fue resultado de omisiones administrativas y políticas que terminaron haciendo atractivo el negocio privado, también debe establecerse la responsabilidad correspondiente, porque ninguno de esos escenarios justifica que las autoridades eludan la rendición de cuentas.
Los intereses detrás del contrato
El posible papel de empresas extranjeras merece transparencia especial, en la columna anterior documenté el convenio de cooperación firmado por CONAGUA y la empresa estatal israelí Mekorot en 2013, así como otros antecedentes de cooperación hídrica con instituciones israelíes y también examiné las restricciones al acceso al agua documentadas por Naciones Unidas en territorios palestinos ocupados, porque muestran las implicaciones políticas que puede tener el control de infraestructura hidráulica estratégica.
Aún no existe una adjudicación pública que identifique a Mekorot como contratista del nuevo acueducto, pero es precisamente antes de adjudicar es cuando deben revisarse los requisitos del procedimiento, las asesorías contratadas, los estudios de mercado y las eventuales relaciones previas con proveedores, porque si un proyecto de esta magnitud es técnicamente indispensable y financieramente conveniente, el gobierno debe poder demostrarlo mediante información abierta y verificable.
Y esta exigencia no es excepcional porque se trata de recursos públicos, infraestructura estratégica y un compromiso que podría prolongarse hasta mediados de siglo, además de que siguen pendientes las explicaciones sobre el destino y la aplicación de los recursos transferidos al SIAPA, incluidos los mil millones de pesos cuestionados por Mery Gómez Pozos.
Y tampoco puede ignorarse la discusión sobre prioridades presupuestales, porque cuando un gobierno encuentra recursos para remodelaciones, espectáculos y proyectos de imagen urbana mientras persisten necesidades hidráulicas urgentes, tiene la obligación política de explicar sus decisiones.
Guadalajara salió a las calles
Este domingo, habitantes de Guadalajara marcharon desde La Minerva hacia Casa Jalisco y la movilización congregó a familias, grupos vecinales y activistas que reclaman calidad del agua, información transparente y soluciones duraderas.
La protesta constituye una respuesta ciudadana a un problema que las autoridades no lograron resolver antes de que alcanzara la gravedad actual y, mientras tanto, el Congreso estatal debe decidir si autoriza el modelo financiero presentado por Lemus, pero no puede hacerlo de espaldas a quienes pagarán sus consecuencias.
Los legisladores deben conocer el proyecto íntegro, exigir el desglose de las obligaciones, comparar el CMRO con alternativas de inversión pública y examinar qué funciones quedarían efectivamente en manos privadas.
También deben preguntarse si construir un nuevo acueducto resolverá por sí solo los problemas de contaminación, potabilización, descargas ilegales y distribución porque un nuevo conducto no sustituye el saneamiento ni la rehabilitación integral de la red.
El agua no puede ser el premio de una crisis
Guadalajara necesita infraestructura nueva y agua potable segura, eso no está en discusión, pero lo que sí debe discutirse es por qué las administraciones que conocieron el deterioro no lograron evitar la crisis y ahora presentan una fórmula con obligaciones multimillonarias a largo plazo y por eso, Enrique Alfaro debe responder por los compromisos pendientes de su sexenio y Pablo Lemus debe explicar las decisiones de su propia administración, la falta de soluciones oportunas, sus declaraciones contradictorias sobre autorizaciones federales y las condiciones del proyecto privado y Movimiento Ciudadano debe asumir que la continuidad entre ambos gobiernos también implica continuidad en el escrutinio de sus resultados.
El agua no es un negocio que pueda evaluarse solamente por su rentabilidad financiera porque es un derecho humano cuyo cumplimiento constituye una obligación indelegable del Estado, por eso la cuestión central no es si un contrato puede presentarse legalmente como distinto de una privatización, es si el modelo elegido protege efectivamente el interés público, preserva el control del sistema y ofrece el mejor resultado posible para la población y hasta que esas preguntas tengan respuestas completas, el proyecto no merece un cheque en blanco porque los habitantes de Guadalajara no tienen por qué aceptar que el deterioro acumulado de un servicio esencial termine justificando, sin suficiente transparencia, compromisos financieros que pagarán durante décadas.
Primero deben explicar por qué dejaron llegar al sistema hasta este punto y después demostrar que el remedio propuesto no convierte las consecuencias de ese abandono en una fuente de beneficios privados a costa del presupuesto público.
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Fuentes y referencias
El Diario NTR, Lauro Rodríguez, 9 de octubre de 2026. Pagarían más de 2,300 mdp al año por acueducto nuevo. Desglose de obligaciones y condiciones del CMRO.
El Diario NTR, 10 de octubre de 2026. Exigen plan hídrico integral ante la crisis de suministro. Cuestionamientos técnicos y financieros del proyecto.
El Diario NTR, 5 de octubre de 2026. Morena señala que el acueducto Chapala-GDL debe ser pagado por el Estado. Declaraciones de Mery Gómez Pozos.
El Diario NTR, 8 de octubre de 2026. Federación apoyará a Jalisco para resolver crisis de agua. Declaraciones de Claudia Sheinbaum y compromisos pendientes.
El País México, 8 de octubre de 2026. La crisis por el agua sucia y maloliente en Guadalajara escala. Reportes de contaminación y afectaciones.
El Informador, 11 de octubre de 2026. Sale manifestación rumbo a Casa Jalisco para exigir agua limpia. Cobertura de la marcha ciudadana.
Mery Gómez Pozos, video difundido en octubre de 2026, proporcionado para este análisis. Documentación exhibida sobre el contrato y sus obligaciones.
Erick Gutiérrez, 10 de octubre de 2026. Guadalajara: dejaron pudrir el agua y ahora quieren privatizar la solución. Investigación y análisis precedente.
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